Cuando se cumplen dos años sin Marta del Castillo los juicios de los acusados por su desaparición están a la vuelta de la esquina y una chica aparece asesinada en un pueblo de Málaga sin que de momento haya habido ninguna detención.
Marta desapareció hace dos años y en este tiempo han sucedido muchas cosas menos la más importante: que aparezca su cuerpo.
Los acusados han sufrido un linchamiento público del que ya es imposible que salgan impunes.
Este caso, al igual que otros de similares características, se ha convertido en un circo mediático del que muchos sacan tajada, saltándose los mínimos límites de la deontología periodística con tal de vender un periódico más, o de obtener unas décimas extra de share.
Capítulo aparte merece la aparición de la novia del principal acusado, Miguel Carcaño, en televisión acompañada de su madre. La posible pérdida de la custodia se me antoja una medida serie y ejemplar para demostrar que no todo vale.
La celebración de un juicio con jurado o sin él no es más que una argucia legal de cada una de las partes para intentar mejorar sus intereses en la causa. Pero los hechos ya no van a cambiar. Marta lleva dos años sin estar entre nosotros y los culpables deben pagar por ello. Lo diga un juez, lo diga un jurado.
Los padres de Marta se han embarcado en una cruzada para pedir la cadena perpetua para los crímenes de este tipo, al igual que ya lo hiciera el padre de Mari Luz, la niña onubense asesinada en circunstancias similares.
Este fin de semana coincidiendo con estas fechas tan dolorosas para la familia, se ha podido ver a los padres de Marta en la convención del PP en Sevilla. No me gusta la politización de estos asuntos. No sé lo que le han prometido los populares a los padres de Marta, pero han de saber que lo que ellos quieren es, hoy por hoy, inconstitucional y que para cambiar la constitución hace falta el consenso de los dos principales partidos nacionales. Los familiares en esas circunstancias son fácilmente moldeables y mal hace quien se aprovecha de esa situación para sacar rédito político.
Marta desapareció hace dos años y en este tiempo han sucedido muchas cosas menos la más importante: que aparezca su cuerpo.
Los acusados han sufrido un linchamiento público del que ya es imposible que salgan impunes.
Este caso, al igual que otros de similares características, se ha convertido en un circo mediático del que muchos sacan tajada, saltándose los mínimos límites de la deontología periodística con tal de vender un periódico más, o de obtener unas décimas extra de share.
Capítulo aparte merece la aparición de la novia del principal acusado, Miguel Carcaño, en televisión acompañada de su madre. La posible pérdida de la custodia se me antoja una medida serie y ejemplar para demostrar que no todo vale.
La celebración de un juicio con jurado o sin él no es más que una argucia legal de cada una de las partes para intentar mejorar sus intereses en la causa. Pero los hechos ya no van a cambiar. Marta lleva dos años sin estar entre nosotros y los culpables deben pagar por ello. Lo diga un juez, lo diga un jurado.
Los padres de Marta se han embarcado en una cruzada para pedir la cadena perpetua para los crímenes de este tipo, al igual que ya lo hiciera el padre de Mari Luz, la niña onubense asesinada en circunstancias similares.
Este fin de semana coincidiendo con estas fechas tan dolorosas para la familia, se ha podido ver a los padres de Marta en la convención del PP en Sevilla. No me gusta la politización de estos asuntos. No sé lo que le han prometido los populares a los padres de Marta, pero han de saber que lo que ellos quieren es, hoy por hoy, inconstitucional y que para cambiar la constitución hace falta el consenso de los dos principales partidos nacionales. Los familiares en esas circunstancias son fácilmente moldeables y mal hace quien se aprovecha de esa situación para sacar rédito político.
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